¿Nos están tomando el pelo? o la democracia a través de la horticultura.

 

    En estos pocos y largos meses, el Gobierno ha incumplido todas y cada una de sus promesas -donde digo, digo digo Diego-. No es necesario reiterar los que el Sr.  Gabilondo dice en el vídeo. Ciertamente, muchos sostendrán: “qué va a decir Iñaki Gabilondo”. Pero si hacemos abstracción de prejuicios, sin duda fundados por la trayectoria del periodista, apreciaremos que le ampara la razón en casi todo. Es cierto también que se empela duro con el Gobierno y de forma más lisonjera con el PSOE, pero no por eso deja de tener razón.

    Ciertamente es grave el incumplimiento de lo prometido, o de lo que los ciudadanos creímos entender. Pero lo realmente  condenable es cómo se está haciendo.  Sin compartirlo, podrían comprender que ya no hubiese plazo para tecnicismos o análisis, siendo preciso utilizar el hacha sin compasión.

    Lo más grave es que se está eligiendo entre las personas y los chiringuitos y privilegios de los políticos y sus negocios; entre las personas y los pesebres. Medidas y más medidas de ajuste; palabras y más palabras. Y sin embargo, los chiringuitos permanecen. ¿Por qué?

   Críticas a los despilfarros pasados, por los mismos que los generaron; coincidencia feliz en cuanto a la necesidad de controlar en el futuro. Pero ¿y los controles? Eso. ¿qué controles va a haber de aquí en adelante? ¿Los controles van a seguir siendo los designados a dedo por el partido o los aupados en libre designación?

   Es necesaria la transparencia; es otro punto de encuentro. Y además ahí ya hay propuesta; ¡tachán!: ¡el Anteproyecto de Ley de Transparencia! Qué indecencia…

   Si quieren yo les hago una ley de transparencia y un sistema de controles, no necesito más artículos que los dedos de las manos.

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La inidoneidad del método del cucharón para la valoración de actitudes en la selección de empleados públicos.

     La Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2012 (rec. nº 1978/2009) aborda un tema de especial interés en lo que a la selección de empleados públicos: la valoración de actitudes profesionales. Se trata de una posibilidad cuestionada desde la consideración rígida de los principios de mérito y capacidad y declarada como necesaria desde los ámbitos más propio de la psicología organizacional. Mi experiencia me dice que la incorporación de pruebas psicológicas de aptitud en los procesos de selección de empleados públicos implican un alto valor añadido a los resultados. Pero bien es cierto que una cosa son las pruebas de aptitud y otras las de actitud, por que en estas últimas los elementos de contraste son realmente más escurridizos. Ahora bien, nadie dudará que tales pruebas son especialmente recomendables para la selección de miembros de las fuerzas de seguridad.

   A ese ámbito es al que se refiere la Sentencia del Tribunal Supremo que revoca la dictada en primera instancia por el TSJ del País Vasco que desestimaba el recurso interpuesto por un aspirante a ingresar en la escala básica de la Ertzaintza contra la resolución que declaraba la falta de superación del curso de formación (segunda fase del proceso selectivo).

    El proceso selectivo, según la convocatoria, constaba de una fase de concurso-oposición, un curso de formación y un período de prácticas, todos eliminatorios.

    Permítaseme aquí exponer el tema en detalle, porque bien lo merece:

Elogio del cafelito del funcionario

  Estaba hoy, en el Bar, en frente del Ayuntamiento, tomando mi cafelito, de funcionario. Atribulado por estar fuera de hora, debido a la inoportuna prolongación de una reunión, de trabajo. No tanto porque a esa hora el Marca siempre está ocupado, sino porque,a partir de las 12,30 p.m., empieza “la hora del contratista” y ya no ponen churros con el café, sino gambas con la cerveza. A falta de Marca, resignado hojee un periódico nacional y tras repasar los correos del socio de Urdangarín, el estado de salud de la Familia Real, los problemas hipotecarios del ático marbellí del Vice de Espe…, y descubrir que el sudoku ya estaba hecho, para hacer tiempo -en la tele, sin voz, aparecía la Sra. “de Kirchner” disertando mientras en la mano sostenía la memoria histórica de los hidrocarburos argentinos en un tarro para muestras de orina-, impactado aún por las declaraciones de Beteta, decidí calcular los posibles efectos de la supresión de la hora del cafelito del funcionario.

Periódico y cafelito.

        No he podido resistirme. Sea.

   Los Medios reflejan las declaraciones del Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ante el foro empresarial Aragonex en un “desayuno empresarial” celebrado bajo el lema: “La devolución de competencias autonómicas no es la solución al déficit”.No tiene desperdicio. Con el ánimo de ser breves nos centramos exclusivamente en el tema de la ampliación del horario de los empleados públicos:

cifra en 2.500 millones de euros el ahorro que supondrá para comunidades autónomas y ayuntamientos la extensión de la jornada laboral de los funcionarios en 2,5 horas semanales, subrayando  que “nada será como antes” y que los trabajadores, estén al servicio del sector público o del sector privado, deben ser conscientes de la necesidad de una formación permanente para ser más efectivos.

   Pero los más interesante es que ha añadido una chicuelina escarnofuncionarial  para empresarios y prensa: los empleados públicos deben “olvidarse del cafelito y de leer el periódico” y ser más productivos, con responsabilidad y humildad, “que no sumisión” (por cierto, al final lo arregla diciendo que esta perla también es aplicable a los trabajadores del sector privado).

Ayuntamientos, Secretarios, funcionarios, informes y delitos.

   De un tiempo a esta parte vengo conociendo, no sé si por casualidad o por la actividad de este blog,  supuestos en los que concejales de un Ayuntamiento, al ser imputados en una causa penal, se justifican en  la ignorancia sobre el significado legal de sus actuaciones. Esto sería, hasta cierto punto,  normal, pero lo que a nuestro entender revela una clara degeneración es el hecho de que, llegado el caso -y este suele llegar en este tipo de procesos-, los imputados se aferran, nunca mejor dicho, como a un clavo ardiendo, a que el Secretario de la Corporación no les advirtió de la ilegalidad de sus actuaciones.

     No suele producir este ardid el resultado pretendido, pero lo que sí sucede es que el Secretario se ve sometido a una situación angustiosa que normalmente produce graves efectos personales y profesionales.

   La cuestión se suscita, invariablemente, en relación con el deber del Secretario de advertir las ilegalidades que se estaban cometiendo. La antigua y conocida “advertencia de ilegalidad”. Es decir, sobre si el Secretario advirtió o, en último caso, si debía haberlo hecho y no lo hizo.