Reforma laboral: ERE y Ayuntamientos. ¿Una normativa inconstitucional?

       Si el Estado español es económicamente inasumible, salvo en momentos de opulencia como los vividos con la burbuja inmobiliaria, se debe fundamentalmente a la compleja estructura política diseñada para acoger a una clase política desproporcionada en número y privilegios (no es una opinión, (los datos son claros). No existe ni una sola voz autorizada que mantenga que existe un número excesivo de empleados públicos. Pues bien, si esto es así, ¿cómo se explica que mientras las medidas destinadas a aligerar esa estructura política sean casi inexistentes, las dirigidas a reducir el número de empleados sean tan radicales?

   Desde mi punto de vista, la explicación es clara: el ajuste va dirigido, no ha conseguir una Administración más eficiente, sino única y exclusivamente a mantener el surrealista entramado de cargos públicos de carácter político.

  El ejemplo más claro se pone de manifiesto en la regulación que de los EReS en la Administración se realiza en la reciente reforma laboral.

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Sí o sí. Aumento de jornada para los empleado públicos de la Administración Local.

       En anteriores entradas comentábamos el primer envite normativo para ampliar la jornada en el que con una regulación para los empleados públicos de la Administración del Estado, mediante el art.4 del RDL 20/2011, de 30 de diciembre,  que no era trasladable en la práctica a las EELL, se pretendió su aplicación en éstas con base en el  art.94 LBRL.

  Desde entonces, ríos de tinta procedentes de egregias plumas -y no tan egregias- han corrido por la red, que han servido para hacer entender al Gobierno que, en términos jurídicos el Pisuerga no pasa por Valladolid y que una capa es una capa y un sayo un sayo (quien quiera profundizar acuda al magnífico dictamen que el profesor JIMÉNEZ ASENSIO emitió para Federación de Municipios de Cataluña).

   Pues bien, esos ríos van a dar a la mar que es la DA 72ª del proyecto de Ley de Presupuestos del Estado para el 2012, en su DA 72ª que, esta vez para todo el Sector Público, dice:

Productividad y chocolate espeso

  Ya he dedicado en este blog diversas entradas al tema de la retribución por rendimiento en el empleo público español. me hace volver sobre este tema una información reciente de nuestro inefable diario económico Expansión en la que se señala literalmente:

El Gobierno ligará a principios de productividad y rendimiento la parte variable, que supone entre el 15% y el 20% de los sueldos de unos tres millones de funcionarios y empleados públicos.

Quienes cumplan los objetivos que se hayan fijado seguirán cobrando lo mismo, aunque no se descartan aumentos en casos concretos y se descontará parte de la nómina a quienes no lo hagan.

Se abre así el proceso de preparación del Decreto que desarrollará el Reglamento de la Ley del Estatuto del Funcionario Público, que ya recogía la evaluación por desempeño y que sacó adelante el exministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, en 2007, pero cuya aplicación está paralizada desde entonces.

Cuestionario Mas-Colell

    La semana pasada El País publica un artículo titulado “Una política insuficiente” firmado por Andreu Mas-Colell como consejero de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya: En él se mantiene que las medidas tomadas por el Cobierno español en educación y sanidad son insuficientes y que es necesario profundizar en las mismas de forma más radical de tal forma que se consiga un servicio universal mediante la eliminación de la gratuidad para quien pueden pagar.

  A estos efectos defiende el Sr. Mas-Colell la posibilidad de que existan ciudadano que repaguen el 100% del servicio, que se cobre por día de hospitalización… Manifiesta que la Generalitat no puede ir más allá por las limitaciones a las que se encuentra sometida que son fruto de una injustificada e inveterada desconfianza en las CCAA, y se pregunta: ” ¿Con qué autoridad moral se pretenderá después exigir a las autonomías?”

Tras la lectura de este texto, como ciudadano, y a los efectos de formarme una opinión, necesitarái que el Sr. Mas-Colell me aclarase las siguientes cuestiones que he organizado en este CUESTIONARIO MAS-COLELL:

Estimado profesor Mas-Collel:

Ayuntamientos, sucesión de empresas y trabajadores indefinidos

   Es una práctica común la de enchufar a parientes y conmilitones en la Administración a través de empresas concesionarias y contratistas. Nada más sencillo: se “externaliza” un servicio o función pública y la empresa contratista se encarga. A fin de cuentas se trata de una empresa privada, sometida a las leyes del mercado y por tanto contrata a quien le viene en gana ¿no? Cada uno en su casa hace y deshace. Además, de lo que ninguna duda cabe es que las empresas priavadas tienden a maximizar el beneficio. Y para ello nada mejor que estar a bien con quien ejerce la función de controlarlas (y contratarlas).

   Todos conocemos la querencia de las grandes empresas por la paz social. Nada mejor que una acertada política de selección de personal para evitar inconvenientes ambientales, culturales o, simplemente, trabas a la libertad de empresa. Que es necesario instalar una industria contaminante, pues contratas a los posibles afectados y santas pascuas plin.

     Pues de la misma forma: contratar a los parientes y correligionarios de quien ha de contratar o controlar la calidad del servicio prestado y pasas, en un suspiro, a la excelencia empresarial. Y por si eso fuera poco, a partir de ese momento, se pone de manifiesto, en toda su plenitud, esos maravillosos principios de la teoría del servicio público que los franceses tuvieron a bien inventar para nosotros. Rebus sic stantibus. Qué genialidad lo de mantener el equilibrio financiero del servicio. Ante ellos ceden sin violencia las trabas a prórrogas, modificados y demás. Y qué stantibus es más stantibus que compensar la generación de puestos de trabajo.