En el reciente debate de investidura del Sr. Rajoy se produce una situación que a mi juicio es de excepcional importancia, sobre todo a la vista de las medidas de ajuste decretadas y las que van a venir si esto es sólo el inicio del inicio.
El debate se recoge en la prensa del siguiente modo:
«El momento más tenso del debate se vivió por la actitud batalladora de Rosa Díez en lo referido a la corrupción política. La líder de UPyD exigió a Rajoy un compromiso claro con la lucha contra esta lacra, ya que en su opinión la corrupción «afecta a la credibilidad del estamento político, genera desapego y desconfianza entre los ciudadanos y afecta negativamente a la democracia». Además, acusó a la clase política de «haber perdido la credibilidad de la ciudadanía», por lo que consideró más necesaria que nunca una «ley de acceso a la información pública» para evitar los abusos políticos. Rajoy se mostró molesto con las afirmaciones de Díez, que le hicieron casi saltar del asiento. El próximo presidente del Gobierno se centró en legitimar a la clase política, molesto porque se «generalice» la idea de que la corrupción es algo consustancial al cargo. Dijo que había conocido a muchos políticos y que la gran mayoría son «honorables, decentes y están preocupados por los derechos de los ciudadanos». Rajoy se atrincheró en esta idea y repitió sin cesar que no se puede «aceptar» que se transmita la idea de que la corrupción política está generalizada; sin dar respuesta a las demandas planteadas por la líder de UPyD, nada descabelladas a la luz de los próximos sucesos».
Sobre este asunto recuerdo un artículo de opinión de Víctor Lapuente Giné (profesor de Ciencia Política en el Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo en Suecia) titulado ¿Por qué hay tanta corrupción en España? y publicado en El País en el 2009. Extraigo lo siguiente:
«Como la literatura moderna sobre corrupción señala, las causas de la corrupción no hay que buscarlas en una «mala cultura» o en una regulación insuficiente, sino en la politización de las instituciones públicas. Las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político. Y aquí, el contraste entre España y los países europeos con niveles bajos de corrupción es significativo. En una ciudad europea de 100.000 a 500.000 habitantes puede haber, incluyendo al alcalde, dos o tres personas cuyo sueldo depende de que el partido X gane las elecciones. En España, el partido que controla un gobierno local puede nombrar multitud de altos cargos y asesores, y, a la vez, tejer una red de agencias y fundaciones con plena discreción en política de personal. En total, en una ciudad media española puede haber cientos de personas cuyos salarios dependen de que el partido X gane las elecciones».
Por otro lado el Informe de percepción de la corrupción de 2011 realizado por Transparencia Internacional sitúa a España con un índice de 6,1 entre Chipre y Taiwan (0 es la mayor corrupción y 10 la menor). Por tanto, a excepción de Portugal (6,1) y al margen de Italia, no existe país de la Europa occidental con peor resultado.
¿En qué afecta esta cuestión a nuestra economía? Pues de forma muy importante según todos los expertos. Hoy existe en el mundo un consenso en el sentido de que la corrupción en el gobierno y en el comercio frena el crecimiento económico. Creo que el trabajo elaborado por Laura Alcaide Zugaza («Corrupción: obstáculo al crecimiento y la competitividad«) con base a datos de fuentes internacionales es suficientemente ilustrativo.
En todo caso, ha de tenerse en cuenta cuál ha sido el papel de la corrupción en la burbuja inmobiliaria española y que ha sido nuestra clase política y sus representantes quienes han orientado la política de las Cajas de Ahorro que por ello han financiado aeropuertos fantasmas y demás manifestaciones del faraonismo.
Como señalaba el historiador Santos Juliá en el magnífico artículo publicado el sábado último en El País bajo el título «Políticos y profesionales»: «lo urgente no es prescindir de los banqueros que aprovechan la ocasión para enriquecerse; lo urgente es cambiar de política, justamente para impedir que los banqueros se forren».
Y si esto es así: ¿por qué el Sr. Rajoy no incluye en su programa y en sus urgentes medidas actuaciones directas contra la corrupción? ¿Por qué el lenguaraz Sr. Rosell no nos ilustra con su opinión sobre estas cuestiones? ¿Y a los sindicatos que les parecen estas cuestiones tras su incomensurable experiencia en la gestión de los fondos formativos?
Y, además…, si sería políticamente rentable… Incluso más que cargar contra los empleados publicos.
El problema no son los ciudadanos, ni siquiera los bancos; ni siquiera las políticas. El problema son los políticos. Entonces ¿por qué no cambian? Verás, va a ser que hay que privatizar la corrupción.
Mientras reflexionamos Os dejo con este entretenido videojuego de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional.
Día tras día arrecian los voceros del dinero. El hedor que desprenden es inconfundible, pero la gente tiene atrofiado el olfato. El tal Rosell, desde lo alto, dicta las consignas por delegación, y los demás le hacen los coros. Un claro ejemplo: en la edición del 09/01/2011 Expansión titulaba en editorial: DESORBITADA SUBIDA DE LOS SALARIOS PÚBLICOS. Y bajo tan inocente entrada, afirmaba a continuación:
Errepete 